La
LOMLOE peca de algo muy básico, no integrar a la comunidad educativa en el
debate y confección de la ley. El entendimiento y el pacto de Estado educativo
solo vendrá de la mano de un diálogo abierto entre expertos en educación, y no solo
entre políticos que además de no ser expertos priman lo ideológico y la
estrategia electoral al debate puramente educativo.
Imagen de bohed en Pixabay
En
la tramitación de esta nueva ley el Gobierno ha agredido a la concertada. Hace
un año, en el Congreso de Escuelas Católicas, ya sonaron “tambores de guerra”.
La ministra de educación Celaá, en su intervención, ya preanunció la
eliminación de la “demanda social” como criterio. No fue un lapsus, sino intencional. A mi modo de
ver, la “agresión” viene más por las formas que por el contenido de la
decisión. Frente a una expansión de la concertada desde el criterio de “demanda
social”, la LOMLOE concede prioridad a la red pública. La Ley prohíbe a los
municipios reservar suelo público para la construcción de colegios concertados.
