LOMLOE. Tareas pendientes

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La LOMLOE peca de algo muy básico, no integrar a la comunidad educativa en el debate y confección de la ley. El entendimiento y el pacto de Estado educativo solo vendrá de la mano de un diálogo abierto entre expertos en educación, y no solo entre políticos que además de no ser expertos priman lo ideológico y la estrategia electoral al debate puramente educativo.

En la tramitación de esta nueva ley el Gobierno ha agredido a la concertada. Hace un año, en el Congreso de Escuelas Católicas, ya sonaron “tambores de guerra”. La ministra de educación Celaá, en su intervención, ya preanunció la eliminación de la “demanda social” como criterio. No fue un lapsus, sino intencional. A mi modo de ver, la “agresión” viene más por las formas que por el contenido de la decisión. Frente a una expansión de la concertada desde el criterio de “demanda social”, la LOMLOE concede prioridad a la red pública. La Ley prohíbe a los municipios reservar suelo público para la construcción de colegios concertados.

Antes de juzgar la decisión en sí, conviene considerar una seria de cifras. En los últimos diez años la natalidad en España ha caído un 30% y esto tiene un efecto grande en la educación. Entre 2018 y 2019 ha habido un 2,2% menos de matriculaciones. Si se mantienen las actuales proyecciones del INE, nuestro país tendrá 800.000 niños menos de aquí a 2030 y habría que cerrar más de 30.000 aulas. En relación a la financiación, la LOMCE y los recortes de la pasada década provocó que desde 2007 hasta 2017 la concertada ganara un 25% de financiación mientras que lo público solo creció un 1,4%. Por otra parte, ocho de cada diez niños inmigrantes acaba en la pública aunque el peso de la pública sea del 71% del alumnado. Según estos datos parece que es necesario un ajuste estratégico de la creación de nuevas escuelas, en la dotación de medios, y en la priorización de la educación pública. Por parte del Gobierno ha faltado comunicación, diálogo y pedagogía.

Además de esta polémica que ha ocupado la gran mayoría de debates, hay una serie de puntos que quedan en pendientes con la LOMLOE.

Profesionalización docente. La ley se compromete a resolverlo en un año. Queda pendiente un tema de absoluta importancia. Es necesario una nueva regulación del acceso, formación inicial y permanente. ¿Es suficiente con el Máster del profesorado? ¿Están enfocadas estas enseñanzas al nuevo perfil de docente que se demanda? ¿Se adaptan las oposiciones/temarios a la realidad de la escuela actual? Destacar que el temario lleva sin actualizarse ¡desde hace más de 25 años!

Titulación de ESO. Se mantiene tal como figura en la LOMCE. Me resulta particularmente llamativo que se renuncie a un modelo de certificaciones competenciales universal como ocurre en los países europeos. De ese modo, todo alumno podría disponer de oportunidades formativas tras la educación obligatoria. En ese caso se eliminaría la posibilidad de “no obtención” del título.

Religión, una oportunidad perdida. La asignatura de religión ha sido, una vez más, parte de la polémica. Además de ser una materia sometida al albur de cada Gobierno autonómico, en cada CCAA tiene diferente carga horaria, con la LOMLOE pasa a no ser computable y a no tener asignatura espejo. Ha llamado la atención el silencio sepulcral del Ministerio ante la propuesta, abierta y flexible, de la Conferencia Episcopal. Una propuesta que estaba llamada a dar una solución digna a esta materia y a los profesionales de la misma. En esto también estamos bastante lejos del resto de países europeos. En ellos la religión no forma de ningún debate ideológico y sectario. Tiene un espacio propio en el sistema educativo, se evalúa y hace media. Se entiende que el fenómeno religioso, las religiones, la dimensión espiritual, son elementos necesarios para quienes aspiran a una formación integral y a la formación de sociedades abiertas, tolerantes e inclusivas. Cabe mencionar también la eliminación de la asignatura de ética del currículo académico. Un empeño exclusivo del PSOE que opta por una asignatura hecha a medida “valores éticos” a la materia filosófica, seguramente mucho más objetiva.

Por último, un apunte sobre el “problema autonómico”. Como concesión a ERC se elimina la referencia al derecho de los alumnos a recibir enseñanzas en castellano, y se añade una referencia explícita a la “lengua propia” en las CCAA con dos oficiales, como si el castellano no fuera también “lengua propia”… El debate de fondo está en la relevancia del modelo lingüístico en Cataluña, donde el castellano tiene un papel legalmente inexistente. Una vez más, el conjunto de España, pendiente de los caprichos y las exigencias nacionalistas. En este caso, una ley educativa hecha a la trágala, con prisas, sin diálogo y llamada a nacer muerta, gracias a las concesiones a los independentistas que solo miran al 14 de febrero (día de las elecciones catalanas y de los enamorados, de un PSOE y un ERC dispuestos a contraer matrimonio con UP como juez).